El Registro de Infractores Ambientales en la nueva LGEEPA: cumplimiento ambiental y proporcionalidad regulatoria
Por Carlos del Razo, Socio Fundador, y Elliot Fernqvist, Practicante en Del Razo & Rábago Consultores Ambientales — resumen y adaptación del artículo original
La nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) incorpora una herramienta inédita en el derecho ambiental mexicano: el Registro de Infractores Ambientales. Se trata de un mecanismo que, administrado por la futura Procuraduría Federal de Justicia Ambiental (sucesora de la PROFEPA), concentra información sobre infracciones ambientales graves una vez que la resolución administrativa correspondiente ha quedado firme.
¿Qué información contiene el registro?
El registro reúne datos sobre el sitio donde se cometió la infracción, los elementos ambientales afectados, las disposiciones jurídicas vulneradas y la resolución administrativa correspondiente. Su inscripción solo procede ante algunas de las conductas más graves previstas en la legislación ambiental: obras sin autorización de impacto ambiental, daños a áreas naturales protegidas, afectaciones a vida silvestre, intervenciones ilegales en manglares, incendios forestales y manejo indebido de residuos peligrosos.
Entre las versiones del proyecto, algunos de sus efectos más severos se fueron atenuando: la primera propuesta contemplaba excluir a los inscritos del otorgamiento de permisos y concesiones ambientales por entre siete y diez años, y que el registro fuera de acceso público general. La versión más reciente limita el acceso a las autoridades ambientales federales y elimina esa restricción para nuevos permisos; sin embargo, conserva otras consecuencias: limitación al acceso a subsidios y apoyos públicos, obligación de constituir garantías económicas, y permanencia en el registro de entre siete y diez años.
Una forma de regulatory shaming
Desde la perspectiva regulatoria, este tipo de registros se entiende como una forma de regulatory shaming: la publicación intencional, por parte de un organismo del poder ejecutivo, de información sobre conductas indebidas de empresas, con el propósito de transmitir un mensaje normativamente negativo y generar incentivos reputacionales para el cumplimiento, más allá de las sanciones económicas tradicionales.
La literatura especializada documenta experiencias comparables: la Environment Agency del Reino Unido publica anualmente los nombres de empresas que infringen la legislación ambiental y climática; el Toxic Release Inventory de la EPA en Estados Unidos logró reducir en sus primeros años cerca de 50% las emisiones tóxicas reportadas; y en Brasil, una lista de vigilancia de municipios con altas tasas de deforestación se asoció con reducciones de entre 13% y 36% en la pérdida forestal entre 2008 y 2012.
Los riesgos de la exposición pública
Sin embargo, el regulatory shaming no está exento de riesgos. La literatura advierte que la exposición pública puede debilitar la capacidad de una empresa para invertir en las medidas correctivas que precisamente se busca incentivar, al dificultar su acceso a clientes, socios o financiamiento. También puede generar una doble sanción — reputacional y legal — por la misma conducta, y la divulgación de información incorrecta puede causar un daño reputacional difícil de reparar, incluso si después se corrige.
¿Es proporcional la sanción a la infracción?
El punto central del análisis no es si el Registro de Infractores Ambientales debe existir, sino bajo qué condiciones puede operar de forma eficaz y proporcional. Una permanencia en el registro de hasta diez años — el doble del plazo que la propia autoridad necesitaría para considerar reincidente a un infractor — combinada con garantías económicas y restricciones de acceso a apoyos públicos, puede representar una carga acumulativa desproporcionada frente a la infracción original, lo que previsiblemente será objeto de revisión judicial.
Hacia un marco regulatorio equilibrado
Para que el registro cumpla su propósito sin generar efectos desproporcionados, conviene que su implementación — y el reglamento que deberá expedirse dentro de los 365 días posteriores a la entrada en vigor de la nueva LGEEPA — incorpore cuando menos:
- Garantías de debido proceso, incluyendo resoluciones firmes y oportunidad de defensa previa a la inscripción.
- Mecanismos claros de corrección y actualización de la información registrada.
- Criterios de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las consecuencias de la inscripción.
- Transparencia sobre los criterios de inscripción, permanencia y eliminación de registros.
- Evaluación periódica de si el instrumento realmente contribuye al cumplimiento ambiental.
Conclusión
El Registro de Infractores Ambientales tiene el potencial de fortalecer el cumplimiento ambiental al aumentar la visibilidad de las infracciones graves y dotar de mayor certeza, por ejemplo, a procesos de fusiones y adquisiciones. Su reto no es distinto al de cualquier herramienta de regulatory shaming: equilibrar la eficacia regulatoria con la seguridad jurídica y la proporcionalidad, de modo que las consecuencias de la inscripción guarden una relación razonable con la infracción cometida.
Fuente
Versión adaptada del artículo «El Registro de Infractores Ambientales en la nueva LGEEPA: tensiones entre el cumplimiento ambiental y la proporcionalidad regulatoria», de Carlos del Razo y Elliot Fernqvist, publicado en la revista Derecho Ambiental y Ecología (DAyE), No. 100, Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C., noviembre de 2026.